jueves, 28 de junio de 2012

Editorial Colquiri



Materia: Redacción II
Docente: Sidney Torres
Estudiante: Mayra Peralta
Fecha: 29-06-2012

Práctica 11
Editorial - Colquiri

El Gobierno de Evo Morales, ha hecho que las nacionalizaciones de empresas en Bolivia aumenten. Lo hizo con las empresas de telecomunicaciones e hidroeléctricas, con empresas de gas y petróleo, y también con las de hidrocarburos. Hoy, vemos el caso de la Empresa Minera Colquiri, administrada por Sinchi Wayra, filial de la transnacional suiza Glencore. Se supone que esto constituye una solución del Gobierno para que la economía del país mejore a través de la exportación de minerales. Sin embargo,  el beneficio que generan estas exportaciones al país es muy bajo ya que sólo el 13 por ciento se queda en el Estado.

Los conflictos que preceden a esta nacionalización desfavorecieron a varias personas. Entre ellos están los mineros sindicalizados y los afiliados de la mina 26 de Febrero, además de la gente que vive en esa región. Hablamos de un período de movilizaciones, que incluyó bloqueo de caminos, enfrentamientos dejando como resultado a personas heridas y además daños materiales. No es la primera vez que ocurren estos problemas por causa de una nacionalización. Por consecuencia, los bolivianos nos veremos expuestos a esta clase de problemas cada vez que el Gobierno quiera nacionalizar una empresa. Y esto, quieran o no, es un perjuicio. 

El Gobierno está dispuesto a pedir a la empresa Sinchi Wayra una  indeminización económica por realizar explotación en Colquiri sin pagar impuestos. Por otro lado, ésta ha invertido en Colquiri y también pediría una indeminización por esta inversión. Pero no es muy coherente que ambos pidan ser compensados. Al final ninguno de ellos tendría la razón. Por lo tanto,  lo que más les conviene es llegar a un acuerdo pacífico y sin problemas.  

No obstante, gracias a la nacionalización de Colquiri, solamente, con el valor de la maquinaria y los insumos almacenados el Gobierno pretende no pagar ningún tipo de compensación a la suiza Gleencore por la explotación de la mina. El hecho de que el Gobierno no esté dispuesto a pagar ninguna compensación a Gleencore podría llamarse un beneficio para él. Pero, sin duda, lo más justo sería que se pague por el trabajo que realizó la transnacional a través de Sinchi Wayra.

Por otro lado, el Gobierno no se ve tan beneficiado con esta nacionalización. El empresario Samuel Doria Medina, afirmó que el más perjudicado con la entrega de Colquiri a los cooperativistas mineros es el mismo Gobierno. Ya que éstos no pagan impuestos, no cumplen con la legislación laboral. Por lo tanto el Estado corre riesgo de perder ingresos. Esto quiere decir que el Gobierno no estudió correctamente esta situación. Por consiguiente, no tiene conocimiento de las consecuencias que puede traer. Sin embargo, el Gobierno cuenta con la promesa de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), de duplicar hasta 2014 tanto la producción como los ingresos de la empresa nacionalizada.

La nacionalización de empresas, no es del todo buena. Como es el caso de las minerías porque el 87 por ciento, de lo que éstas  generan se va al exterior. Por tanto, lo que el Gobierno está haciendo no tiene sentido y está afectando al país, en lugar de hacerlo progresar. Para que esto no ocurra, se debe hacer un estudio adecuado de los ingresos que traen las exportaciones de minerales al país. De ese modo, el Gobierno podrá determinar si realizar la nacionalización es, o no, una ventaja que ayuda a la economía del país.

viernes, 22 de junio de 2012

Asilo Político de Roger Pinto


Materia: Redacción II
Docente: Sidney Torres
Estudiante: Mayra Peralta León
Fecha: 23 – 06 - 2012

Editorial
Asilo político de Roger Pinto

La asignación del asilo político a Roger Pinto, Senador de Convergencia Nacional (CN), por parte de Brasil, ya es un hecho. El Gobierno boliviano está en total desacuerdo y critica la acción que tomó el gobierno brasileño. Sin embargo, tres legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmaron que ésto no afectará en las relaciones con el país vecino. Al parecer no habrá problemas entre ambos países pero Bolivia se ve afectada con la decisión tomada por los brasileños.

El Gobierno tiene la intención de llevar preso a Pinto por los delitos que cometió. Para ello la Cancillería boliviana hará conocer toda la documentación sobre los procesos judiciales en contra del senador opositor. Sin lugar a dudas, es bueno que Bolivia esté buscando que Brasil se retracte de haber otorgado el asilo político a este “delincuente político” porque él ha dañado a nuestro país en el ámbito económico.   

Según informes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), el senador de Convergencia Nacional, habría recibido dinero del ex presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada. Aldo Ortiz, fiscal de materia del Ministerio Público dio a conocer que  entre los años 2005 y 2007, Pinto recibió cheques de entre 30.000 a 50.000 dólares americanos desde Estados Unidos. De todos modos, este acto de corrupción no se sancionó a causa del tardío seguimiento que se hizo en el país.

Ese no es el único delito que el lesgislador ha cometido. El daño económico que causó al Estado es de aproximadamente seis millones de dólares. Tiene denuncias por corrupción, uso indebido de influencias, venta ilegal de terrenos, entre otros. Estos casos no son recientes sino que vienen de gestiones anteriores y son procesados de acuerdo con la normativa vigente en el país. Pero el hecho de no haber realizado los procesos, antes, hace que el Gobierno también sea culpable.

Por otro lado, Pinto además de denunciar al gobierno de Evo Morales, por persecución política también presentó documentación en la que vincula a funcionarios públicos, jueces, abogados y policías en hechos de narcotráfico. Es ilógico lo que el asambleísta hace porque de algún modo él mismo se muestra culpable y dice quienes fueron sus complíces. De otro modo cómo sabría quiénes cometieron esos sucesos.

Es claro que en Bolivia no se sanciona de manera correcta los actos de corrupción. Si bien se conoce las hazañas de los políticos, el Gobierno tarda demasiado en castigarlos. Lo más factible sería se haga un seguimiento constante a los senadores, diputados, ministros, viceministros, cancilleres, pero no sólo a los de la oposición. Para que las investigaciones se realicen en el tiempo adecuado y no después cuando los “perseguidos políticos” ya hayan conseguido el asilo político en los países vecinos o en Estados Unidos.

viernes, 15 de junio de 2012

Seguridad ciudadana


Materia: Redacción II
Docente: Sidney Torres
Estudiante: Mayra Peralta
Fecha: 14– 06 - 2012

Editorial

Dos delincuentes fueron capturados apunto de cogotear a una persona, en la ciudad de El Alto. Éste no es el único caso de inseguridad ciudadana en Bolivia. El número de malhechores se incrementa. Sin lugar a dudas,  los bolivianos nos vemos afectados por esta inseguridad a causa de la falta control por parte de la Policía Nacional. Sin embargo, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Miguel Vásquez, ratificó que se están tomando medidas para prevenir estos incidentes.

Un estudio de la Policía, en las principales ciudades del país, indica hay 700 pandillas, con 20.800 miembros de 12 a 21 años, que “beben, consumen droga, matan, cogotean (estrangulan) y asesinan. Ésta es la triste realidad en la que todos los ciudadanos estamos condenados a vivir. Nos dicen que habrá más seguridad pero hasta ahora no vemos los resultados y los crímenes continúan sucediendo. Las personas corren peligro por causa de los locales nocturnos, el expendio de bebidas alcohólicas y la falta de seguridad policial a partir de ciertas horas de a noche.

La desaparición de personas también preocupa. La anterior semana, en La Paz, se registró tres casos: Zarlet Clavijo Martínez de 17 años, Rosmery Patricia Aranda Ticona de 14 años y  Jessica Asmir Trujillo Carpio de 17 años. Una de ellas apareció el jueves en la casa de su familia y desde entonces sólo se la pasa llorando. Las otras dos continúan desaparecidas. Vásquez, firmó un acuerdo para combatir el tráfico y la trata de personas, poco antes de estos incidentes. Pero este tema debió ser tratado hace mucho tiempo ya que muchos bolivianos fueron víctimas de estos actos inhumanos.

El periodista de La Razón, Eugenio Aduviri, fue hallado muerto en la autopista La Paz–El Alto. En febrero ocurrió, el doble asesinato de los hermanos periodistas Verónica y Víctor Peñasco Laime. Por consecuencia el Gobierno emitió un decreto supremo que garantiza el transporte "de puerta a puerta" desde las 22:00 hasta las 7:00, obligación económica, que deberían cubrir los propietarios de los medios. Pero al parecer dicho decreto aún no se cumple y los periodistas continúan en riesgo al trabajar en altas horas de la noche.

La seguridad ciudadana también se ve afectada por el poco control en las carreteras. Bolivia está llena de accidentes viales. El anterior viernes ocurrió otro accidente en el camino a Yungas. El Gobierno y el Ministerio de Seguridad Ciudadana deberían encargarse en seguida del problema en las carreteras porque los accidentes no cesan. Es necesario encontrar una solución que garantice la seguridad de los pasajeros.   

La falta de seguridad ciudadana que hay en nuestro país no es un juego porque se habla del riesgo que corre la vida de las personas. El Gobierno, el Ministerio de Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional deben tomar cartas en el asunto de inmediato y mejorar las medidas de seguridad. No se debe esperar a que el tiempo pase y a que los incidentes de inseguridad ciudadana sigan  ocurriendo día tras día. Si estos problemas no se arreglan todos los bolivianos seguiremos en peligro.