Materia: Redacción II
Docente: Sidney Torres
Estudiante: Mayra Peralta León
Fecha: 23 – 06 - 2012
Editorial
Asilo político de Roger Pinto
La asignación del asilo político a Roger Pinto, Senador de
Convergencia Nacional (CN), por parte de Brasil, ya es un hecho. El Gobierno
boliviano está en total desacuerdo y critica la acción que tomó el gobierno
brasileño. Sin embargo, tres legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmaron
que ésto no afectará en las relaciones con el país vecino. Al parecer no habrá
problemas entre ambos países pero Bolivia se ve afectada con la decisión tomada
por los brasileños.
El Gobierno tiene la intención de llevar preso a Pinto por
los delitos que cometió. Para ello la Cancillería boliviana hará conocer toda
la documentación sobre los procesos judiciales en contra del senador opositor.
Sin lugar a dudas, es bueno que Bolivia esté buscando que Brasil se retracte de
haber otorgado el asilo político a este “delincuente político” porque él ha
dañado a nuestro país en el ámbito económico.
Según informes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF),
el senador de Convergencia Nacional, habría recibido dinero del ex presidente
de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada. Aldo Ortiz, fiscal de materia del
Ministerio Público dio a conocer que entre
los años 2005 y 2007, Pinto recibió cheques de entre 30.000 a 50.000 dólares americanos
desde Estados Unidos. De todos modos, este acto de corrupción no se sancionó a
causa del tardío seguimiento que se hizo en el país.
Ese no es el único delito que el lesgislador ha cometido. El
daño económico que causó al Estado es de aproximadamente seis millones de
dólares. Tiene denuncias por corrupción, uso indebido de influencias, venta ilegal
de terrenos, entre otros. Estos casos no son recientes sino que vienen de
gestiones anteriores y son procesados de acuerdo con la normativa vigente en el
país. Pero el hecho de no haber realizado los procesos, antes, hace que el
Gobierno también sea culpable.
Por otro lado, Pinto además de denunciar al gobierno de Evo
Morales, por persecución política también presentó documentación en la que vincula a
funcionarios públicos, jueces, abogados y policías en hechos de narcotráfico.
Es ilógico lo que el asambleísta hace porque de algún modo él mismo se muestra
culpable y dice quienes fueron sus complíces. De otro modo cómo sabría quiénes
cometieron esos sucesos.
Es claro que en Bolivia no se sanciona de manera correcta los actos de
corrupción. Si bien se conoce las hazañas de los políticos, el Gobierno tarda demasiado
en castigarlos. Lo más factible sería se haga un seguimiento constante a los senadores,
diputados, ministros, viceministros, cancilleres, pero no sólo a los de la
oposición. Para que las investigaciones se realicen en el tiempo adecuado y no
después cuando los “perseguidos políticos” ya hayan conseguido el asilo
político en los países vecinos o en Estados Unidos.
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