miércoles, 30 de mayo de 2012

Mallku Khota


Materia: Redacción II
Docente: Sidney Torres
Estudiante: Mayra Peralta
Fecha: 31-05-2012

Editorial
Mallku Khota

El convenio firmado por el Gobierno y los pobladores de Mallku Khota, permite el desarrollo de las actividades mineras de la empresa canadiense, South American Silver, en el norte de Potosí. La intervención de la empresa canadiense mejoraría los recursos económicos y ayudaría a la educación, salud y otros sectores. Pero existe un desacuerdo por parte de las comunidades que marchan hacia La Paz con el fin de defender este cerro rico en plata, oro e indio.

El ministro de Minería, Mario Virreira, indicó que la marcha por el Mallku Khota tiene intereses políticos. Los manifestantes quieren seguir explotando oro ilegalmente. La actitud de los “defensores de Mallku Khota” no es correcta según el Gobierno. Ellos deberían estar de acuerdo con la intervención. Porque el control de South American Silver, sobre las minas del cerro dará grandes beneficios para las poblaciones del Norte potosino.

Se realizará una consulta previa para definir si el proyecto de South American Silver, Mallku Khota, continúa en marcha. El plan todavía está en etapa de estudio. La idea de efectuar una consulta previa antes de pasar a la fase de explotación es totalmente aceptable. De esta manera, las comunidades del norte de Potosí, podrán definir si están o no de acuerdo con el proyecto que presenta la empresa canadiense.

Por otro lado, las comunidades que marchan a La Paz buscan la salida de la empresa canadiense. Ya que ésta genera bastante contaminación y hubieron decisiones ilegales que no pueden permitir. Ellos piden el respeto al medio ambiente y justicia. El argumento que los manifestantes tienen es válido porque cuidar el ambiente en el que habitan es muy importante. El Gobierno debe encontrar soluciones para este problema.

La marcha aprobó un documento que establece que: El Estado revierta la concesión minera que le dio a South American Silver. La administración de los recursos de toda esta región debería estar en manos de la Nación Charca Qhara Qhara del Norte de Potosí y por último la libertad del Curaca Mayor de Sacaca, Cancio Rojas. Es razonable que los manifestantes mantengan su posición respecto al conflicto. Pero es posible que sus intenciones no sean correctas y que por éstas la región quede desfavorecida.

Con los enfrentamientos y discrepancias entre ambos bandos no se llega a nada. Este conflicto debe solucionarse lo antes posible. La solución más factible es llegar a un acuerdo y la mejor salida sería  que se realice la consulta previa con los pueblos del Norte de Potosí. De este modo se hará, sólo, lo que la mayoría de las comunidades estén dispuestas a conciliar. Finalmente, ya no habrá más desacuerdos entre ellos.

jueves, 24 de mayo de 2012

Editorial


Materia: Redacción II
Docente: Sidney Torres
Estudiante: Mayra Peralta
Fecha: 25– 05 - 2012

IX Marcha del TIPNIS

El conflicto entre el Gobierno de Evo Morales, y los indígenas de la novena marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), no cesa. Los marchistas esperan que el Presidente, acceda a la segunda llamada al diálogo propuesta para este viernes en Yucumo. Pero el gobierno sigue empeñado en sabotear a la novena marcha, esta vez, presentando documentos que afirman presunto contrabando y explotación ilegal de recursos naturales por parte de la dirigencia indígena.

Gracias a los documentos presentados por el Gobierno, en contra de los defensores del Tipnis, se generó una nueva controversia entre ambos. Ésta dio como resultado que los indígenas acusen al gobierno por iniciar una campaña de desprestigio en contra de la novena marcha. Los indígenas, cada vez, encuentran más obstáculos en su camino. Por ello, hasta ahora, lo más factible es solucionar sus problemas vía diálogo, lo antes posible.  

Los marchistas del Tipnis, tienen aún más preocupaciones a consecuencia de la reacción que provocaron sus nueve demandas en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros (Fstmb), la cual protestó por el pedido de anular los contratos mineros. Dicha desaprobación causó la petición para que la Central Obrera Bolivia (COB), no apoye a la novena marcha. Los indígenas están obligados a reformular sus peticiones al Gobierno, de otro modo esto podría costarles la pérdida del apoyo de la COB y esto no es conveniente para ellos.

Los defensores del Tipnis no hicieron lo correcto, sobre todo, al incluir en sus demandas la modificación del artículo 349 de la Constitución Política del Estado, que dice que el Estado es dueño de todos los recursos naturales. Ellos no pueden hacerse cargo de los que nos corresponde a todos los bolivianos por tanto lo más recomendable para los defensores del Tipnis, es retractarse de dicha demanda y ser más razonables en cuanto a sus peticiones.

Por otro lado, el Gobierno no pasa mejores momentos a causa de desconocer el porqué no se promulga la Ley de Consulta Previa. Pero sobre todo le preocupa la demanda del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), ante  el Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por entregar los “recursos naturales a empresas transnacionales” sin efectuar una consulta previa a los pueblos originarios. Al Gobierno no le queda más opción que anular el contrato minero para evitarse más problemas.

Además, los marchistas indígenas aseveran que el Gobierno debió realizar la consulta previa hace cuatro años, antes de firmar el contrato de construcción de la carretera con la OAS. Esta afirmación convierte a la consulta previa en la  “consulta post”. Esta situación es preocupante para los defensores del Tipnis, ya que dicho contrato se suspendió temporalmente pero no ha sido anulado y probablemente el Gobierno abrogue la Ley 180, que designa al Tipnis como territorio intangible, inhabilitando la construcción de una carretera que pase por el medio de éste. 

Los constantes enfrentamientos y desacuerdos entre el Gobierno y la novena marcha son cada vez más negativos. En lugar de buscar soluciones, encuentran más problemas y eso causa una gran inquietud en el pueblo boliviano. Por el momento la mejor medida para dar fin a los problemas es que el Presidente acceda al diálogo y que los marchistas arreglen sus peticiones para que haya un acuerdo positivo y que se acabe esta continua lucha.

miércoles, 23 de mayo de 2012

Segundo borrador de editorial


Materia: Redacción II
Docente: Sidney Torres
Estudiante: Mayra Peralta
Fecha: 24– 05 - 2012

Segundo borrador de editorial
IX Marcha del TIPNIS

Pese al fracaso de la invitación al diálogo con el presidente, Evo Morales, y a los problemas que se acercan, los indígenas de la novena marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), le dan una segunda oportunidad al gobierno para resolver los conflictos, este viernes en la región beniana de Chaparina. El gobierno no debería desaprovechar el segundo llamado para dialogar, ya que éste podría poner fin a las disputas entre ambas partes.

A consecuencia de presentar sus nueve demandas al Gobierno, la novena marcha tendrá enfrentrar nuevos problemas pues la Federación Sindical de Trabajadores Mineros (Fstmb), protestó por el pedido de los indígenas en sentido de anular los contratos mineros. Dicha desaprobación causó la petición para que la Central Obrera Bolivia (COB), no apoye a la novena marcha. Los indígenas están obligados a reformular sus peticiones al Gobierno, de otro modo esto podría costarles la pérdida del apoyo de la COB y esto no es conveniente para ellos.
Los indígenas no hicieron lo correcto, sobre todo, al incluir en sus demandas la modificación del artículo 349 de la Constitución Política del Estado, que dice que el Estado es dueño de todos los recursos naturales. Ellos no pueden hacerse cargo de los que nos corresponde a todos los bolivianos por tanto lo más recomendable para los defensores del Tipnis, es retractarse de dicha demanda y ser más razonables en cuanto a sus peticiones.

Por otro lado, el Gobierno también tiene sus preocupaciones gracias a que desconoce porqué no se promulga la Ley de Consulta Previa pero sobre todo a  que el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), lo demandó ante  el Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por entregar los “recursos naturales a empresas transnacionales” sin efectuar una consulta previa a los pueblos originarios, por lo que piden que se rescinda el contrato minero. Al Gobierno no le que más opción que anular el contrato minero para evitarse más problemas.

Además, los marchistas indígenas aseveran que el Gobierno debió realizar la consulta previa hace cuatro años, antes de firmar el contrato de construcción de la carretera con la OAS. Esta afirmación convierte a la consulta previa en la  “consulta post”. Esta situación es preocupante para los defensores del Tipnis, ya que dicho contrato se suspendió temporalmente pero no ha sido anulado y probablemente el Gobierno abrogue la ley 180.

Ambos lados están cada vez con más dificultades y equivocaciones, y eso no les beneficia en nada. Los indígenas de la novena marcha y el Gobierno deben encontrar soluciones a los conflictos por los que están pasando y dejar de estar en constantes desacuerdos. Por ahora la mejor medida para dar fin a los problemas es que el Presidente acceda al diálogo y que los marchistas arreglen sus peticiones para que haya un acuerdo positivo y que se acabe esta continua lucha.

jueves, 17 de mayo de 2012

Borrador de editorial


Materia: Redacción II
Docente: Sidney Torres
Estudiante: Mayra Peralta
Fecha: 18 – 05 - 2012

IX Marcha del TIPNIS

Los indígenas de la novena marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), piden dialogar con el Presidente, Evo Morales, en San Borja, para negociar sus peticiones. Principalmente piden la anulación de la Ley 222 de Consulta Previa a los pueblos indígenas del TIPNIS, promulgada el 10 de febrero del año en curso. La cual incumple con la Ley  180, lograda con la octava marcha, que designa al Tipnis un territorio intangible, inhabilitando la construcción de una carretera que pase por el medio de éste.

A través de la octava marcha se había llegado al acuerdo de hacer la Ley 180. Pero el gobierno de Evo Morales, organizó una contra marcha la del CONISUR (comunidades indígenas en proceso de asimilación por el sistema sindical del sector cocalero), dirigida a despojar al movimiento indígena de su victoria. Dicha marcha estaba de acuerdo con la construcción de la carretera y para ello plantearon como condición la derogación de la Ley 180 de protección al TIPNIS.

Los marchistas indígenas aseveran que el Gobierno debió realizar la consulta previa hace cuatro años, antes de firmar el contrato de construcción de la carretera con la OAS. Esta afirmación convierte a la consulta previa en la  “consulta post”. Esta situación es preocupante para los defensores del TIPNIS, ya que dicho contrato se suspendió temporalmente pero no ha sido anulado y probablemente el Gobierno abrogue la ley 180.

La novena marcha del Tipnis empezó con tropiezos organizados por el Gobierno. Desde el bloqueo promovido en San Ignacio de Mojos que evitó que los marchistas puedan reunirse en Chaparina hasta lo que actualmente fue el paso Yucumo. También tuvieron un impedimento climatológico que afectó a mujeres, niños y ancianos. No obstante, los indígenas continúan su recorrido a la espera de que en los próximos lugares más personas se unan a la marcha.

El Gobierno junto al Conisur y a la Subcentral Sécure, anunciaron que iniciarán la consulta el 10 de junio en Puerto San Lorenzo. Esta acción tuvo una repercusión inmediata por parte de la IX marcha que denunció que el gobierno quiere conformar un directorio paralelo a la subcentral Tipnis. Los marchistas deberán acelerar el diálogo en razón de que ya se puso fecha para el arranque de la consulta.

Tanto el Gobierno como los marchistas del Tipnis, deben llegar a un acuerdo que favorezca a ambas partes, aunque parece no ser posible. Lo más factible sería que el gobierno seda a “casi” todas las peticiones de la novena marcha sobre todo que haga cumplir la Ley 180, derogue la Ley 222 de consulta previa y anule de forma definitiva el contrato con la OAS para que ya no haya otra vez esta clase de desacuerdo.