Editorial

Materia: Redacción II

Docente: Sidney Torres

Estudiante: Mayra Peralta

Fecha: 25– 05 - 2012

IX Marcha del TIPNIS

El conflicto entre el Gobierno de Evo Morales, y los indígenas de la novena marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), no cesa. Los marchistas esperan que el Presidente, acceda a la segunda llamada al diálogo propuesta para este viernes en Yucumo. Pero el gobierno sigue empeñado en sabotear a la novena marcha, esta vez, presentando documentos que afirman presunto contrabando y explotación ilegal de recursos naturales por parte de la dirigencia indígena.

Gracias a los documentos presentados por el Gobierno, en contra de los defensores del Tipnis, se generó una nueva controversia entre ambos. Ésta dio como resultado que los indígenas acusen al gobierno por iniciar una campaña de desprestigio en contra de la novena marcha. Los indígenas, cada vez, encuentran más obstáculos en su camino. Por ello, hasta ahora, lo más factible es solucionar sus problemas vía diálogo, lo antes posible.  

Los marchistas del Tipnis, tienen aún más preocupaciones a consecuencia de la reacción que provocaron sus nueve demandas en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros (Fstmb), la cual protestó por el pedido de anular los contratos mineros. Dicha desaprobación causó la petición para que la Central Obrera Bolivia (COB), no apoye a la novena marcha. Los indígenas están obligados a reformular sus peticiones al Gobierno, de otro modo esto podría costarles la pérdida del apoyo de la COB y esto no es conveniente para ellos.

Los defensores del Tipnis no hicieron lo correcto, sobre todo, al incluir en sus demandas la modificación del artículo 349 de la Constitución Política del Estado, que dice que el Estado es dueño de todos los recursos naturales. Ellos no pueden hacerse cargo de los que nos corresponde a todos los bolivianos por tanto lo más recomendable para los defensores del Tipnis, es retractarse de dicha demanda y ser más razonables en cuanto a sus peticiones.

Por otro lado, el Gobierno no pasa mejores momentos a causa de desconocer el porqué no se promulga la Ley de Consulta Previa. Pero sobre todo le preocupa la demanda del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), ante  el Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por entregar los “recursos naturales a empresas transnacionales” sin efectuar una consulta previa a los pueblos originarios. Al Gobierno no le queda más opción que anular el contrato minero para evitarse más problemas.

Además, los marchistas indígenas aseveran que el Gobierno debió realizar la consulta previa hace cuatro años, antes de firmar el contrato de construcción de la carretera con la OAS. Esta afirmación convierte a la consulta previa en la  “consulta post”. Esta situación es preocupante para los defensores del Tipnis, ya que dicho contrato se suspendió temporalmente pero no ha sido anulado y probablemente el Gobierno abrogue la Ley 180, que designa al Tipnis como territorio intangible, inhabilitando la construcción de una carretera que pase por el medio de éste. 

Los constantes enfrentamientos y desacuerdos entre el Gobierno y la novena marcha son cada vez más negativos. En lugar de buscar soluciones, encuentran más problemas y eso causa una gran inquietud en el pueblo boliviano. Por el momento la mejor medida para dar fin a los problemas es que el Presidente acceda al diálogo y que los marchistas arreglen sus peticiones para que haya un acuerdo positivo y que se acabe esta continua lucha.